Explica que en países como Costa Rica, Guatemala y España se han aprobado normativas que tipifican el feminicidio y contemplan muchas de estas modalidades, con sus respectivas sanciones. Por ejemplo, Costa Rica tipifica la violencia física, sicológica, sexual y patrimonial con sanciones de 20 a 35 años de prisión, igual a la que se aplica al homicidio calificado, y Guatemala impone una pena de 25 a 50 años de prisión, agravada en función de los medios utilizados.
“Como senador, una de mis mayores preocupaciones es legislar y hacer propuestas de leyes oportunas y eficaces, que surjan como una respuesta firme y cierta a los problemas que aquejan la sociedad”, indica en un artículo que publica en el Listín Diario.
Considera que uno de los principales problemas que enfrentamos es la violencia contra las mujeres y su consecuencia última: el feminicidio.
“Es por ello que, en el marco de nuestras funciones y con un profundo sentimiento de responsabilidad social, nos embarcamos en la elaboración de un proyecto de ley que pudiera ser un marco regulatorio, efectivo y eficaz que introduzca ampliamente las distintas manifestaciones de la violencia desde una perspectiva de género, tipificando el feminicidio como un delito severamente castigado en la legislación dominicana”, indica.
Señala que la propuesta se inició con un proceso de consultas y discusión que dio como resultado la conformación de una mesa multisectorial de trabajo, en la cual se encuentran representadas importantes instituciones del Estado y la sociedad civil.
Explica que la iniciativa se ha elaborado tomando en cuenta los distintos enfoques y perspectivas de cada institución y su experiencia. Indica que el objeto principal de esta propuesta de ley es el establecimiento y regulación de las políticas públicas sobre violencia contra las mujeres en razón de su género, definiendo las medidas y responsabilidades en materia de prevención, detección, atención integral y sanción.
“Se establece la responsabilidad del Estado como garante de los acuerdos, convenciones y tratados asumidos por el país, en materia de género, los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad. Se establece además, la responsabilidad de los servidores públicos por las acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, al momento de enfrentar una situación de violencia contra la mujer, conforme lo dispone el art. 148 de la Constitución”, dice. Señala que un aspecto de suma importancia contemplado en la propuesta en materia de prevención y articulación de políticas públicas, es el manejo único, consolidado y científico de las estadísticas sobre violencia de género, así como sus efectos y consecuencias.
Añade que se establece un amplio capítulo sobre definiciones que acoge las últimas tendencias en materia de violencia intrafamiliar y de género.
“En este sentido, estaríamos a la par de países como Costa Rica y Guatemala, que poseen leyes de esta naturaleza consideradas de última generación en cuanto al respeto y protección de los derechos humanos en general, y de las mujeres en particular, y de otros países como Chile y México en donde se han introducido modificaciones al Código Penal para la tipificación del delito de feminicidio”, indica.
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